4.7.09

la izquierda y lo identitario

El profesor de Derecho y querido amigo Juan Pablo Mañalich nos envía este provocador artículo de Le Monde (Bo Rothstein, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.), publicado en La Nación (Chile). El tema -que estuvimos discutiendo con alguna informalidad durante el semestre- es el de las implicaciones de las políticas y los reclamos identitarios. ¿Puede hablarse de una izquierda estadounidense? ¿Constituyen los movimientos identitarios en ese país una izquierda que pueda entenderse como oposición efectiva a las políticas liberales hegemónicas allí? ¿Proveen las políticas identitarias para avanzar cambios de carácter estructural? ¿Cómo nos insertamos nosotros en este asunto? ¿cómo definimos nuestra izquierda y cómo estas políticas identitarias se escenifican aquí?

Ese ha sido el tema de mesa y en este artículo, la respuesta a estas preguntas es que no. De hecho, en el artículo se culpa a las políticas identitarias de provocar el fracaso de los gobiernos de izquierda en Europa aún cuando con el clima de inestabilidad del neoliberalismo se hubiese esperado que los gobiernos de izquiera ganaran:

"...¿Por qué los partidos de izquierda han sido incapaces de transformar en una cuestión polí tica estas constataciones empí ricas? La reducción de las desigualdades sociales y económicas mediante diversos sistemas de protección social, servicios sociales y una enseñanza pública de calidad parece pagar. Esa fue tradicionalmente la estrategia de la izquierda y los críticos neoliberales de esta ideologí a polí tica hoy fracasan. Habida cuenta del hundimiento de los mercados financieros, de la derrota ideológica del programa neoliberal y de las múltiples investigaciones que ponen en evidencia las ventajas de una mayor igualdad social y económica, la izquierda debiera haber ganado.

La razón de este fracaso no es tan evidente. Una posibilidad es el abandono por la izquierda en Europa de su más antiguo y mejor aliado, a saber, el proyecto de una  polí tica que se apoye sobre la idea de la Ilustración, y su idea concomitante de la existencia del hombre universal, y de allá los derechos humanos universales. En lugar de eso, las prioridades políticas de los partidos de izquierda se han hallado dominadas por un pensamiento posmodernista, antiempirista e intelectualmente oscuro. Este pensamiento parece incapaz de imaginar que una polí tica pueda reposar en una combinación de visiones ideológicas de lo que es normativamente bueno y de estudios empíricos sobre lo que es posible en el plano práctico. Del mismo modo, la izquierda en gran parte ha abandonado la idea de una polí tica fundada en los derechos humanos universales y ha sido sobrepasada por lo que llaman la polí tica identitaria. En lugar de impulsar una política para todos, la izquierda se ha convertido en un conglomerado de fuerzas que se esmera en poner por delante los intereses de diversos grupos cuyos miembros se consideran oprimidos debido a su identidad común y marginalizada, trátese de raza, de religión, de orientación sexual, de especificidad de sexos, de intereses culturales, de handicaps fí sicos y mentales, etc.

Casi por definición, la política identitaria es antimayoritaria y factor de divisiones. Así  es como esta forma de polí tica creó de facto una mayoría contra ella misma, pues se apoya en una ideología que pone en primera lí nea la movilización política contra la mayoría. Es igualmente muy difícil constituir una mayorí a polí tica sobre la adición de políticas identitarias, ya que, en realidad, esos grupos diversos tienen muy pocas cosas en común. Así , los homosexuales tienen poco que compartir con la mayoría de los inmigrantes de los países del Medio Oriente, que tienen a su vez pocas posibilidades de comprender las políticas formuladas por personas afectadas, por ejemplo, de obesidad. Las injusticias y la marginalización resentidas por los diferentes grupos son específicas de cada uno de ellos y no pueden ser generalizadas a los otros.

La consecuencia práctica de esto es que la prioridad otorgada previamente por la izquierda a programas sociales universales ha sido reemplazada por programas que se dirigen a grupos identitarios especí ficos. De esta manera, la polí tica de izquierda, más que agrupar, se ha hecho antimayoritaria. En conclusión, el giro posmodernista del pensamiento político de izquierda ha marginado su proyecto político tradicional; y eso ha desembocado en esta sorprendente derrota electoral".

¿Estamos de acuerdo con Rothstein? ¿Qué podemos decir de este tema en el contexto estadounidense? ¿en el nuestro? Gracias Juan Pablo por provocarnos a continuar el debate desde la distancia!

2.7.09

el Derecho despoja al conflicto de su carácter (Atria 3)

Continua Atria sobre las razones para creer que la política no puede -como vimos en la primera visión (1)- sujetarse al derecho:

-"me gustaría ofrecer algunas razones para creer que la política no puede estar sujeta al derecho, porque no hay nada sobre la política.

-En su aspecto más abstracto, la idea es que la política es algo que necesita ser restringido. ¿Qué es lo que la restringe? Respuesta: los derechos fundamentales, que deben entonces ser ‘elevados’ del campo de batalla de la política del poder a un foro más alto, legal".

 Y dice Atria:

- "Decir que la política es sobre todo lo demás significa que la comunidad deja de ser valiosa cuando esos derechos (deberes) muy básicos entran al campo de batalla político. Ahora no tengo ninguna razón para aceptar el desacuerdo, y sólo razones estratégicas pueden evitar que me dedique a la desobediencia o la rebelión o la revolución. Nótese que, habiendo aceptado el planteamiento de que la comunidad es un concepto interpretativo, tendríamos que rechazar la afirmación de que el derecho es el medio a través del cual se resuelve el desacuerdo interpretativo acerca de la comunidad. El derecho representa un juicio interpretativo: que la noción de comunidad recuperada interpretativamente es una noción que coincide con los límites nacionales, y sus miembros son ciudadanos. Pero podría haber interpretaciones en competencia: la afirmación post-interpretativa podría ser que la comunidad relevante es la que formo yo y mis compañeros trabajadores, unidos contra la explotación capitalista, o mis compañeros pro-life, unidos en la defensa de la inviolabilidad de la vida (o, desde luego, mis compañeros pro-choice, unidos contra el sometimiento de las mujeres), o mis compañeros mapuches, unidos contra el huinca

-Una vez que consideramos este tipo de conflictos vemos que la política no puede estar sujeta al derecho, porque el derecho no es una narrativa ‘maestra’ neutral de la comunidad, sino sólo una más en competencia. El juicio interpretativo arraigado en el Derecho define al conflicto político como siempre comunal en el sentido de que es siempre-ya un conflicto entre ciudadanos, lo que significa que los límites y la naturaleza de la comunidad no pueden ser discutidos. Al hacer esto, el derecho cumple una función ideológica, en tanto hace necesario lo que es contingente. 

-Debemos resistir la estipulación del conflicto como siempre-ya comunitario porque ello impone un a priori donde debería haber una cuestión reflexiva.

‘Derecho’ es el nombre que le damos a tal estipulación".

 Y copio aquí esta nota al calce que resume gran parte de su crítica, la cual ilustra con los planteamientos de Simone Weil:

-"La idea del abogado de que los derechos no son verdaderos derechos si no son judicialmente protegidos, de que, como dijo la Corte Suprema argentina “es imposible defender la Constitución sin el poder para invalidar las leyes que se le oponen”, puede ser visto como una consecuencia de la retórica del lenguaje de los derechos: “la noción de derechos está ligada a la noción de compartir, de intercambio, cantidad medible. Tiene un sabor comercial, esencialmente evocativo de afirmaciones y argumentos legales. Los derechos siempre son afirmados en un tono de contienda; y cuando este tono es adoptado deben estar apoyados por la fuerza, de otro modo serían motivo de burla” (Simone Weil, “An essay on human personality”, reimpreso como apéndice de McLellan, Simone Weil, Utopian Pessimist, Londres: Macmillan, 1989, p. 279). 

-Para impedir que los derechos sean ‘motivo de burla’ debe ejercerse la fuerza, y en las democracias liberales esto sólo puede ser, o así parece, a través de alguna forma de imposición judicial. Pero la justicia no es reductible a los derechos: “la justicia consiste en velar por que no se haga ningún daño a los hombres” (id. p. 286), por lo que las instituciones justas deberían ser diseñadas de modo tal que las haga atentas al grito que señala injusticia, “¿por qué se me hace daño?” (id. p. 274). Pero los derechos no son propicios para la atención: “si le dices a alguien que tenga oídos para escuchar: ‘lo que me estás haciendo no es justo’ podrías tocar y despertar en su fuente el espíritu de atención y amor. Pero no sucede lo mismo con palabras como ‘tengo un derecho...’ o ‘no tienes derecho a...’. Éstas evocan una guerra latente y despiertan el espíritu de contienda. Ubicar la noción de derechos al centro de los conflictos sociales es inhibir cualquier posible impulso a la caridad en ambos bandos”. (id. pág 280). 

-Formular un conflicto en el lenguaje de los derechos implica, por una parte, que la posición por defecto es que el tema no es negociable, que está de alguna manera más allá de discusión: “si alguien trata de intimidar a un granjero para que venda sus huevos a un precio reducido, el granjero puede decir: ‘Tengo derecho a quedarme con mis huevos si no consigo un precio lo suficientemente bueno’” (Weil, “An essay...”, cit. p. 280). 

-Cuando se aplica la retórica de los derechos a lo que en el texto principal llamo deberes básicos, ésta también distorsiona la representación de los conflictos, los despoja de su verdadero carácter; y por esto Simone Weil agrega inmediatamente: “pero si una joven es prostituida en un burdel, ella no hablará de sus derechos. En semejante situación la palabra sonaría ridículamente inadecuada”. Esta es la razón fundamental por la cual “la noción de obligaciones viene antes que la de derechos, que es subordinada y relativa a la anterior” (Weil, The Need for Roots, Londres: Routledge, 1995; orig edn 1945, p. 3)".

 (notas y referencias, excepto las de Simone Weil, fueron suprimidas).

Salud!

sobre el apoderamiento individual

“No hay mayor apoderamiento que el individual”. 

Deepak Lamba-Nieves(disponible también en Estruendomudo)

Con estas palabras, el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, explicó a la los miembros de la prensa—y a los ciudadanos—su filosofía de administración pública y la decisión de dar al traste con uno de los ejercicios de planificación y desarrollo socioeconómico comunitario más innovadores y acertados que se han gestado en Puerto Rico: el Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña.

La decisión no me sorprende, pues desde siempre han existido historias de promesas incumplidas y contradicciones—especialmente de parte de los gobernantes—entre lo que se predica y luego se lleva a cabo. En este caso, como en la mayoría de las veces, se trata de un candidato que fue a pescar votos a una comunidad, que se comprometió con apoyar la gesta comunitaria y, a la hora de obrar según su ofrecimiento, echó marcha atrás. Lo que resulta preocupante en este caso es lo que revela la decisión de apabullar al Fideicomiso: un desfase entre lo que predica a través de su conservadurismo político económico y social, y las decisiones que toma en la práctica. Usualmente este estilo se despacha como más de lo mismo, otro político más que dice una cosa y hace otra, pero vale la pena entender a qué nivel el discurso de la actual administración se vuelve sal y agua, cómo elabora unas propuestas antipáticas basadas en premisas incorrectas, y bajo qué coyunturas se le hace imposible mantener la coherencia y la unidad entre pensamiento y obra.

En el furor de la campaña política, Luis Fortuño se presentó como el candidato de cambio: un pequeñoburgués criado entre las paredes de urbanización de alcurnia y las oficinas climatizadas de la Milla de Oro; un abogado de práctica privada,conservador hasta el tuétano y altamente religioso, la epítome del Young Republican que por cuestiones del sino nació en unas coordenadas geográficas que no le merecen. Se vendió, no como un reformista sino como un transformador (no digo revolucionario pues el término representa casi el inverso de su imagen). Evocando las palabras visión, cambio y futuro, nos prometió que venía a dar al traste con ocho años de clientelismo gubernamental y paternalismo estatal, a romper con el “apoderamiento del gobierno”, “mercados altamente regulados” y una “sociedad controlada y mantenida por y para el gobierno”. Como si se tratara de una parodia de lo que pudiese ser el manual del buen republicano norteamericano, su plataforma de gobierno incluye frases como: “libre comercio”, “sector privado enérgico y protagónico”, “mercados libres” y “libertad individual”, entre otras tantas que demuestran la intención de posicionarse en el ala derecha del foro ideológico.

Tomando lo mencionado anteriormente como base, las declaraciones recientes del Secretario de Desarrollo Económico—en torno al rol de terrateniente que debe de asumir el sector privado—no nos deben sorprender pues están bastante alineadas con las propuestas de cambio que el candidato Fortuño esbozó con la ayuda de unos cuantos de sus colegas licenciados que recibieron el mejor de los entrenamientos académicos en el Colegio San Ignacio de Loyola. Sin embargo, el exabrupto del Secretario revela un grado de desconocimiento sobre el panorama económico del país. Me refiero al hecho de que una gran parte del sector privado en el país no está privatizado, pues depende de los subsidios, ayudas y dádivas del sector público. También parece que ha hecho caso omiso a la información que se proveyó en el informe CNE/Brookings, donde quedó claro que el número de trabajadores y trabajadoras en el sector “de libre empresa” (que no depende sustancialmente del gobierno para funcionar) no alcanza el 25% del total de personas empleadas. Por eso me pregunto cómo Pérez Riera y el Gobernador esperan que el sector privado asuma las riendas del país cuando queda claro que un gran número de estos, al igual que muchos compatriotas—irónicamente en el polo opuesto de la estructura de clases sociales—requieren de la ayuda del estado para poder mantenerse a flote.

Así las cosas, la afronta contra los residentes del Caño Martín Peña parece estar enmarcada en una gestión de gobierno que intenta hacer todo lo posible por demostrar que es a través del esfuerzo individual y bajo el andamiaje de los mercados libres y poco reglamentados que se cuajan las mejores oportunidades de progreso y desarrollo. Esta postura, a la luz de lo que hoy se discute en el debate público en los Estados Unidos y en varias regiones de Europa, a partir del recrudecimiento de la crisis financiera global, resulta estar totalmente a destiempo y fuera de foco. Quizás la prueba más contundente llegó de los labios de Alan Greenspan, antiguo Chairman del Banco de la Reserva Federal, quien declaró que se equivocó al pensar que los bancos, poniendo sus intereses por encima de cualquier cosa, protegerían a sus inversionistas e instituciones. En otras palabras, se atrevió a decir que la visión de mundo que había apoyado por décadas y que había promovido desde su cabina de mando, fundamentada en una modelo guiado por ellaissez faire, laissez passer, estaba errada: mea culpa. Dudo mucho que Fortuño y sus lugartenientes no conozcan estos hechos, algo bochornosos para los fundamentalistas del libre mercado, o que vivan enajenados de las discusiones a nivel global. Siempre pensé que las posturas recalcitrantes asumidas por su grupo en la campaña política se matizarían una vez llegaran al poder, cuando sustituyeran los despachos de UBS por las oficinas con muebles remendados de los años ochenta, tuviesen que lidiar con las costumbres del sector público, los reclamos a toda boca y las miradas de reojo de los empleados que dudan de su longevidad como servidores del Estado Libre Asociado. Me equivoqué. Por esto me parece que la actitud que han asumido resulta aún más sospechosa. Si la soberbia se los ha engullido, entonces alguien en el seno de su partido debe recordarles que están siguiendo un libreto viejo y trillado, y que las consecuencias de poner en escena ese espectáculo son nefastas—si no me creen, pregúntenles a los republicanos en el Norte.

Imagen de José Antonio Rosario, tomada de Prensa Comunitaria

Imagen de José Antonio Rosario, tomada de Prensa Comunitaria

Más allá del anacronismo, el desconocimiento y la improvisación que han caracterizado a la recién llegada administración, la firma de la Ley 32 resulta ser una negación de uno de los principios rectores que Fortuño y Pedro Pierluisi esbozaron en su campaña. En junio de 2008, el candidato a la gobernación exclamó:

“Proponemos transferir las actividades de naturaleza social para el ámbito de actuación de la sociedad civil como estrategia para la elevación del patrón de calidad y de la productividad de estos servicios. Ofreceremos oportunidades de apoderamiento de las comunidades en tiempos difíciles, cuando se necesitan estrategias en equipo, bien pensadas, ágiles, continuas, flexibles e ininterrumpidas.”

Siguiendo el estilo del Partido Republicano, Fortuño propuso darle mayores poderes al tercer sector, no para fortalecer las luchas populares o para solidarizarse con los de abajo, sino como una estrategia para restarles fuerza a las instituciones del estado mediante la sustitución del uno por el otro. Para esta ala del Partido Nuevo Progresista, el estado es una masa amorfa, grande y bruta que hay que adelgazar mediante una liposucción masiva (léase Ley 7) hasta que quede como un cuerpo raquítico que coma poco y no tenga fuerzas para apretar las tuercas del país. Bajo esta línea de pensamiento, el tercer sector, siendo parte del sector privado, puede servir como lazarillo del sector público, haciendo mandados importantes mientras le ruega a su amo que le suelte unos cuantos peniques. Sin embargo, esta idea simplificada de lo que es el estado y el tercer sector no es acertada.

En el caso de las comunidades del Caño Martín Peña, las organizaciones que han trabajado por avanzar el apoderamiento de los residentes son bastante sólidas y no pretenden ser esbirros del gobierno de turno. Son entidades bastante astutas que saben navegar los mares de la política y el sector filantrópico. Conozco bien el esfuerzo pues, antes de trasladarme a los Estados Unidos con mi familia a completar un doctorado en planificación y desarrollo, laboré voluntariamente como miembro de la Junta Asesora del Fideicomiso. Por otro lado, el Municipio de San Juan tampoco está pensando en ponerse a dieta para despojarse de unas libritas de más. Todo lo contrario, su alcalde, Jorge Santini, desea poner en marcha una serie de proyectos grandes que consoliden su poderío en la ciudad capital pues en un futuro no muy lejano aspira a la gobernación de país.

En este caso, las comunidades organizadas del Caño Martín Peña representan una amenaza para el alcalde Santini, más aún cuando han diseñado el primer mecanismo de tenencia colectiva de la tierra en Puerto Rico que rompe con el patrón harto conocido de desplazamiento de los pobres como estrategia de revitalización urbana. Los que trabajamos temas relacionados al espacio urbano y el desarrollo aprendemos temprano que, para el estado, el control de la tierra es sinónimo de poder político, legitimación y dominio. Disponer del terruño para captar votos o eliminar de golpe y porrazo a un asentamiento informal en nombre del orden son muestras de la pujanza estatal. El programa de las parcelas dirigido por el caudillo, Luis Muñoz Marín, o el atropello de Romero Barceló contra Villa Sin Miedo, sirven como ejemplos claros. Lo que se ha perpetrado contra los residentes del Caño está en la misma onda: bajo el manto de la repartición de títulos, y en nombre del progreso y la justicia social, se está allanando el terreno para la especulación inmobiliaria y la eventual desarticulación de ocho comunidades humildes.

Como mencioné anteriormente, el Fideicomiso de Tierras del Caño Martín Peña, orquestado por el Proyecto Enlace y el Grupo de 8 comunidades aledañas al cuerpo de agua, es un proyecto ejemplar que le sigue la pista no a las misiones de Hugo Chávez ni a la Reforma Urbana de Cuba, sino a iniciativas similares en los Estados Unidos que han logrado mantener un caudal de vivienda asequible para los pobres y las familias de escasos recursos. No sé si Fortuño estaba al tanto de esta información cuando esbozó lo siguiente en su plataforma de gobierno:

“Identificaremos y eliminaremos barreras en las agencias de gobierno que impidan la transferencia de recursos e inventario mueble e inmueble del gobierno a organizaciones sin fines de lucro. Esta iniciativa incluirá la disposición de equipo tecnológico, así como propiedades que no se estén utilizando o sean calificadas como inventario en exceso.”

Según el libreto de la campaña, Fortuño debe ser el primer defensor de lo que proponen los vecinos del Caño pues presentan ideas “bien pensadas, ágiles, continuas, flexibles e ininterrumpidas” para lidiar con el problema de la vivienda de interés social y con las necesidades de desarrollo socioeconómico in situ. Lamentablemente, ese no es el caso y tal parece que a la administración de Fortuño se le ha visto la costura: prometen ser más papistas que el Papa, pero a la hora de la verdad se quedan cortos y se contradicen. El proyecto que tiene en mente el alcalde Santini promete darles títulos individuales a algunos residentes y construir viviendas, algunas de estas con tecnologías verdes. Algunos dirán que la gesta del líder municipal debe aplaudirse, pero vale la pena recalcar que por décadas les han dado la espalda a estos barrios y, ahora que los residentes tienen el sartén agarrado por el mango—pues controlan un gran número de parcelas y han elaborado un plan integral para el desarrollo de la zona con la participación de los que allí residen—al Municipio le duele tener que ceder esos derechos y asumir un rol de facilitador. Resulta curioso que lo que propone llevar a cabo Santini es lo mismo que Fortuño criticó fuertemente durante su campaña: el “apoderamiento del gobierno”.

Con la frase que sirve de título a este texto, el Gobernador intenta resolver esta gran contradicción, busca identificarse con las posturas más conservadoras y desacertadas del catálogo republicano a la vez que se desconecta de lo que ahora considera anatema: el apoderamiento en conjunto, en comunidad. Si son los juntes lo que le asustan, ¿cómo catalogamos a las alianzas público-privadas? Si las gestiones en comunidad lo ponen incómodo, ¿qué hacemos con todos esos grupos eclesiásticos que tanto han donado a su campaña y le sirven de modelo a seguir a la hora de predicar sobre las preferencias sexuales y la familia? Quizás la pregunta debe ser otra: si una administración comete sendos errores y abundan grandes contradicciones, ¿quiénes terminarán siendo apoderados?


Derecho y Política según Atria (2)


En el ensayo Legalismo, Política y Derechos (2002)(la versión en inglés está disponible en la página de Yale Law School), el teórico del Derecho Fernando Atria se pregunta sobre cuáles son los medios institucionales más adecuados para proteger los derechos ‘fundamentales’. Pero antes de responder a la pregunta deja claro que ésta "no puede ser respondida sin responder antes a la pregunta sobre qué son realmente los derechos fundamentales". Así, Atria comienza su discusión desde el análisis de dos formas diferentes de concebir los derechos fundamentales. Según nos detalla, ambas formas "aceptan la verdad de la frase ‘los derechos fundamentales ponen límites a las decisiones mayoritarias’, pero la interpretan de diferente manera".  En esta discusión Atria aborda un elemento fundamental, las concepciones que existen de la relación entre Derecho y Política y cómo estas concepciones enmarcan la forma en que concebimos los derechos y privilegiamos ciertos arreglos institucionales sobre otros. Atria parece establecer una crítica directa a la tradicional interpretación que ve una línea clara de separación entre Derecho y Política y que concibe a los derechos como pre-políticos, como un coto de caza contra el ámbito político, que lo va a restringir. En esta concepción los derechos están ahí antes de la política. El punto es que la comunidad política se rija por esas restricciones. Todo lo demás entonces es el mundo de la política. A esto Atria responde con una mirada crítica. No resumiré más, sino que pondré en este post y en otro, algunas citas de la discusión de Atria sobre estos asuntos de tanta importancia para pensar nuestros arreglos institucionales. (Todas son citas directas y se omiten las notas y referencias).
Salud!:
"Para ver que esa frase puede recibir dos interpretaciones debemos preguntarnos: ¿de qué clase de ‘límites’ estamos hablando? Dos respuestas son posibles:
-(1) Los derechos son (o deben ser, o son en la mejor interpretación) límites legales. Constituyen un ‘coto vedado’, de tal modo que cualquier decisión política que irrumpa en esa área es legalmente inválida. Los derechos entonces configurarían los límites exteriores de la competencia legal de las instituciones políticas, con la consecuencia de que las autoridades serían (o deberían ser, o son en la mejor interpretación) legalmente incompetentes para tomar decisiones que transgredan de alguna manera estos derechos.
-(2) Los derechos son límites morales (o políticos). Contribuyen a definir lo que está bien o mal que el Gobierno haga. El hecho de que el gobierno ha infringido algún derecho significa que éste ha actuado injustamente.
[Pero ojo:] -El derecho no restringe la competencia legal del gobierno sólo a acciones justas.
-Es perfectamente compatible con la tesis (2) sostener que los derechos son inmunes a decisiones políticas, en el sentido de que si una decisión infringe un derecho la consecuencia no es que el derecho es corregido o eliminado sino que la decisión es incorrecta. Esto implica que la legitimidad democrática de la autoridad no necesariamente implica la corrección de sus decisión.
-Algunos creen que esto es suficiente para justificar el paso de (2) a (1), i.e. que para justificar la protección jurisdiccional de los derechos es suficiente concebir a los derechos como inmunes a las decisiones mayoritarias: Como una decisión puede ser democráticamente legítima pero substantivamente incorrecta, ella puede ser corregida por un órgano no representativo sin detrimento del valor de la democracia. De hecho, no creo que sea hoy sostenible que una decisión mayoritaria es necesariamente correcta por eso. Pero esta última afirmación es de consecuencias mucho más limitadas de lo que algunos creen; en efecto, de ella no se sigue nada acerca del mecanismo institucional para garantizar que la autoridad no intentará sobrepasar esas restricciones.
-Es perfectamente sensato hablar de restricciones políticas o morales de una forma en la que no se haga, ni siquiera implícitamente, referencia a la existencia de un árbitro con derecho a sonar el silbato cada vez que éstas no se respeten. Es la forma en que los abogados entienden conceptos como ‘derechos’ lo que convierte a la idea de un derecho sin un guardián casi en una contradicción en los términos: si no hay acción no hay derecho.
[De esto surge entonces la discusión relación subyacente de la visión (1) sobre Derecho y política]:
-Puesto que éste es un argumento comúnmente usado para salvar la brecha entre (1) y (2), quiero considerar su visión subyacente del derecho y la política.
-El primer punto evidente es que los derechos, desde este punto de vista, no pueden sino ser pre-políticos. Si los derechos han de cumplir su función como límites, si las competencias de las autoridades políticas están definidas en términos de derechos, entonces los derechos poseen cierta prioridad sobre la política. La política es lo que queda una vez que los derechos han sido asegurados.
----Si miramos a la política desde este punto de vista, la veremos como un grupo de instituciones diseñadas para procesar las preferencias individuales de los ciudadanos y transformarlas en preferencias colectivas. La diferencia importante es que, mientras el mercado es en cierto modo ‘natural’, la política es artificial. El mercado es natural en cuanto produce “lo que parece ser el producto del diseño intencional de alguien sin que sea el resultado de la intención de nadie”, mientras que lo político tiene que ser constituido para producir el mismo resultado. No hay una mano invisible política. (notas omitidas)
-Según esta visión todo lo que es importante y significativo para los ciudadanos está fuera del ámbito público, y es mantenido fuera de éste por los derechos.
 -El paso que dan los abogados desde el hecho de que la mayoría (o, en general, cualquier autoridad política) actuaría incorrectamente si invadiera el coto de caza de los derechos al hecho de que los derechos no son tales si no hay ‘guardianes’ a-políticos se justifica sólo en este contexto. Pero si entendemos de manera distinta las relaciones entre los derechos y la política veremos que la conclusión no se sigue, por lo menos no sin una argumentación mayor (y de una clase muy diferente).
-(2)En esta segunda visión los derechos no son pre-políticos. Aún constituyen restricciones para la política, pero no son restricciones extra-políticas.
El acto constitutivo de la política permite no la creación de un Leviatán, de cuyo poder los ciudadanos han de ser defendidos con derechos como triunfos, sino la creación de “un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad”, en otras palabras, la creación de una comunidad política.
-¿Cuál es la naturaleza de este acto constitutivo? De alguna manera podemos decir: es la formación de la comunidad política. ¿No es esta una respuesta que elude el problema? No si entendemos ‘comunidad’ como un concepto interpretativo, en el sentido sugerido (para el derecho, sin embargo, no para la comunidad) por Ronald Dworkin. Entendiendo ‘comunidad’ como un concepto interpretativo diríamos que si acaso existe una comunidad política y si acaso debería ésta ser respetada son preguntas interpretativas. La respuesta a ellas dependerá de cuál es el valor asignado a la comunidad, i.e. ‘qué es lo bueno acerca de ella’[9], y si las características particulares de la comunidad en que vivimos son tales que justifican el permanecer leales a ella. 
-La existencia de una comunidad política, por lo tanto, es la existencia de una práctica interpretativa. La idea rousseauniana de que la justicia reemplaza al instinto en los ciudadanos, quienes pueden ahora actuar moralmente, debe ser entendida en términos interpretativos, i.e. la comunidad es valiosa porque contribuye a definir las identidades morales del ciudadano, porque los constituye como agentes morales. Si se adopta este punto de vista la importancia de la comunidad no surge (o no necesariamente) del hecho de que les otorga a los ciudadanos una mayor protección contra el ataque de otros. Ahora la esfera pública es el espacio en el cual sus miembros pueden revelar sus capacidades propiamente humanas.
-   Lo político no es un conjunto de instituciones diseñadas artificialmente para crear lo que el mercado produce naturalmente (i.e. coordinación), sino una forma de comunidad en el contexto de la cual las preferencias e identidades de los individuos se forman, se prueban, se corrigen y se revisan. Por consiguiente éstos no necesitan derechos contra lo político. La discusión sobre los derechos es simplemente una forma más en la cual las demandas políticas pueden expresarse, y por esta razón no existe una necesidad a priori (en contraposición a a posteriori, según sea el caso) de un guardián ubicado fuera de lo político. Los ciudadanos no pueden ser cazadores furtivos, porque son todos reyes.
- Es por esto que no podemos discutir con propiedad sobre los arreglos institucionales sin llegar a los temas fundamentales de nuestras comunidades. O, para plantear el argumento de otro modo: las instituciones definen no sólo el significado de la pertenencia a la comunidad (lo que no tiene nada de sorprendente) sino también las formas de interacción ‘naturales’ (en el sentido de ‘normales’) entre miembros iguales. Al definir el contexto en el cual la acción social es significativa, las instituciones ‘corresponden’ a una de las dos visiones identificadas más arriba, adjudicándole a cada persona un conjunto de poderes y deberes, expectativas y similares. Éstas a su vez representan al otro de maneras específicas.
- En otras palabras, como es interpretativa, la pregunta por la relación entre el derecho y la política no es teórica, no se mueve en un nivel distinto de nuestras prácticas (“la filosofía deja todo tal como está”, decía Wittgenstein en Investigaciones Filosóficas, § 124). Así, por ejemplo, si el derecho es un concepto interpretativo la pregunta por la relación entre el derecho y la moral, una de las preguntas tradicionalmente centrales de la teoría del derecho, deja de ser una pregunta para la teoría del derecho y se convierte en un problema jurídico: ya no es algo sobre el derecho sino de derecho. Igualmente, la pregunta por la relación entre el derecho y la política es también interpretativa, y por lo tanto no es una pregunta sobre la política (o el derecho) sino de política (o de derecho). Uno podría pensar que el argumento a ser desarrollado en la sección siguiente lo llevaría a sostener que la pregunta es una puramente política (i.e. a negar la autonomía del derecho). La cuestión es más compleja: políticamente la pregunta es política, jurídicamente la pregunta es jurídica. En todo caso, no es teórica.
[seguimos en otro post sobre la crítica a la visión (1)!!]

1.7.09

que paguen la cuota, toca dar batalla

Es que es el mejor!...

02-JULIO-2009 | MIGUEL RODRÍGUEZ CASELLAS

BUSCAPIÉ 

En guerra

Si la sonada designación del “generalissimo” Rosselló a la presidencia de la UPR es un llamado a la guerra, el posible regreso de la Marina a Vieques y la correspondiente activación de un pedazo de Roosevelt Roads, son la guerra misma.


Mitigan la muerte de la industria con la industria de la muerte.


Que soldados y turistas compartan un predio de la isla dócil no es raro, si acaso el episodio más recurrente de toda su historia. Riberas del Caribe habrá para ambos, no así para los vecinos del Caño.


Entretanto, se debe reconocer que el nuevo y mejorado PNP exhibe una franqueza germánica. Excepto Fortuño, que culipandea estratégicamente, los hombres y mujeres de esta administración agreden de frente.


Repasemos los hechos: en una misma semana el Departamento de Justicia le perdona a Nancy Hernández su descarado tumbe, el secretario de Desarrollo Económico le regala la titularidad del país a los empresarios y la Legislatura se la quita al Fideicomiso del Caño Martín Peña.


Hasta Fortuño habló con honestidad: “Mi problema no es que cada residente sea dueño de su pedazo del Caño; es la idea de la ‘titularidad colectiva’ la que me molesta”.


Demasiada prosa socialista para un muchacho del Caparra Country Club.


Irónicamente, de este ataque multidireccional de la ultraderecha criolla ha salido revitalizado el estadolibrismo centrista. Figúrate tú si Puerto Rico goza de autonomía que mientras se desmantelan los credos neoliberales en Obamamérica, aquí se permiten el lujo de resucitar a Reagan.


Si eso no es soberanía y capacidad de gobernar al margen de la agenda federal prevaleciente, ¿entonces qué es?


Cada contribuyente debe corresponder la sinceridad guerrera del nuevo gobierno con un compromiso público de no pagar impuestos. Ya como quiera dijeron que el sector privado posee la “titularidad colectiva” del país, el mismo principio que Fortuño le negó al Caño. A esos dueños-empresarios toca pues asumir la cuota de mantenimiento del Condominio Puerto Rico.


Al resto toca darles batalla.


El autor es decano de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica.


30.6.09

Legalismo, política y derechos (Atria, 2002)


“Imaginemos que el diablo está comprando el alma de un desgraciado y que alguien, apiadándose de éste, interviniera y le dijera al diablo: ‘es una vergüenza que le ofrezca tan poco; la cosa vale al menos el doble”

-Simone Weil, La personne et le sacré (1950)

(Dejo por aquí esta cita de la gran Simone Weil, con la cual comienza el excelente escrito "Legalismo, Política y Derechos" de Fernando Atria (SELA, 2001; 2002), que sin duda compartiré por aquí (ahora no puedo despegarme del escrito, pero no pude resistir la tentación de colgar por aquí la cita de Simone W!. Las gracias y los saludos a Fernando Atria!) 

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