12.6.10

Mañana: Graduación sistémica UPR!

Todo listo para la graduación sistémica


Por Mariana Muñiz Lara (en http://rojogallito.blogspot.com/2010/06/todo-listo-para-la-graduacion-sistemica.html)

Mañana, domingo 13, los estudiantes de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de su escuela superior, conocida como University High School (UHS), celebrarán su graduación, junto a profesores, empleados de la institución, familiares y amigos, en la Avenida Universidad.

Con la emblemática Torre del Recinto de Río Piedras como fondo, los alumnos recibirán reconocimiento por partida doble, por haber completado este año los requisitos para sus respectivos grados y por la lucha organizada, creativa y pacífica que mantienen hace más de 50 días a favor de la educación pública.

Los actos de graduación comenzarán a las 2 de la tarde, pero el registro de estudiantes y la orientación para la ceremonia se estarán realizando desde las 12 del mediodía, frente a la entrada peatonal o verja histórica de la Avenida Ponce de León. Los organizadores exhortaron al estudiantado a registrarse con anticipación, de forma electrónica, en el portal upresunpais.com, para agilizar el proceso.

La ceremonia simbólica incluirá un desfile de profesores y profesoras, quienes harán guardia de honor a los estudiantes. Asimismo, desfilarán los estudiantes graduandos y, luego, los demás estudiantes huelguistas. Los estudiantes participantes deberán vestir camisa blanca, incluyendo las camisas blancas alusivas a la huelga, y, si tienen, llevar toga negra. El público puede llevar sillas para su comodidad durante la actividad.

La graduación sistémica simbólica es auspiciada por el Comité Negociador Nacional (CNN) estudiantil, la Coordinadora Nacional de Recintos Universitarios, el grupo de Madres y Padres Solidarios, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y cuenta con apoyo de otras organizaciones universitarias. La actividad será abierta a la comunidad en general.

En los últimos años, parte de mi trabajo académico ha girado en torno a la operación y funcionamiento de la discursividad jurídica en los espacios de conflicto social. Así, he analizado cómo en escenarios de conflicto (sobre el medioambiente o sobre la propiedad), el discurso de ‘la legalidad’ (la lógica o razonamiento sobre si algo es legal o ilegal), tiende a colonizar la discusión pública de manera conveniente a las instancias de mayor poder, dando al traste con la posibilidad de una discusión amplia y un debate robusto sobre otras consideraciones políticas y contra los intentos de visibilizar y cuestionar las configuraciones de poder en las controversias estudiadas.[1]


Por ejemplo, lo analizado apunta a cómo el código operacional del sistema legal, esto es lo legal-ilegal (Luhmann, Law as a Social System, 2004), pretende juridificar y simplificar las controversias sociales y por ende, privarlas de contenido político. La conclusión, en muchos casos, ha sido que: “si la controversia pública se convierte en atender la pregunta ¿es esto legal?, no sólo la conversación se reduce de manera significativa, sino que, además, la afirmación de un evento o acción como legal, o por el contrario ilegal, adquiere la premisa (falaz) de neutralidad y universalidad a la que aludía Bourdieu. Se asume la supuesta neutralidad de la respuesta y, con ella, se acude a la fuerza y legitimidad de un discurso que simplifica o elimina la complejidad del evento y los juegos de poder que lo conforman”. (Así, la apuesta que planteo para los abogados y abogadas y académicos del Derecho es estar hiper-conscientes de nuestra participación como operadores de esa discursividad de manera que no refrendemos, en lo posible, la colonización del debate público por parte del código operacional del Derecho).


Pero el discurso jurídico no es el único que se utiliza o tiende a posicionarse como forma hegemónica de invisibilizar asuntos de poder o temas estructurales. Mediante otras racionalidades sistémicas, también políticas (ejemplo la teoría hegemónica de la democracia representativa) también se corre el riesgo de que el debate público se erosione y desemboque más en asuntos procesalistas o simplistas dejando de lado nuevamente consideraciones valorativas importantes (e.g. ¿Qué tipo de Universidad queremos?) o asuntos de poder que a todos nos conciernen. Esto pone en riesgo y evita-no en pocas ocasiones- debates y discusiones de fondo que ciertos grupos en un momento particular buscan traer al ‘mundo vivo’ habermasiano, es decir, a la esfera pública.


En el caso de la situación de la Universidad, desde antes de la huelga (valga decir), algunos sectores universitarios hemos llamado la atención sobre la importancia de estos aspectos sustantivos y estructurales que atañen al proyecto universitario como un proyecto público, de excelencia y accesible a todos y todas. No pocas veces, no en pocas instancias, no ante pocas controversias, no en pocos foros, antes de la huelga. Esos temas de tanta importancia, no empece el esfuerzo de muchos, han sido apiñados en muchos de los casos, poco atendidos incluso en la propia esfera universitaria, es decir, fácilmente invisibilizados.


Lo cierto es que la gesta de más de 50 días de los y las estudiantes del sistema universitario ha visibilizado estos temas, los ha traído al debate público, los ha presentado al país. Cierto que habría que decir que el debate público ha recogido esto en un nivel todavía muy insuficiente en cuanto a los términos estructurales que se requiere, pero ciertamente, como mínimo, es claro que este proceso huelgario ha permitido, al menos, rasgar de las paredes de la indiferencia, poner en escena el tema universitario y el riesgo en que se encuentra la posibilidad de la Universidad pública, de excelencia y accesible. Para comenzar, como mínimo, nos ha hecho ver las caras, incluso, a sectores universitarios que dentro de la ‘normalidad’ universitaria de la UPR (no de otra Universidad posible), difícilmente coincidimos. Ese ‘saldo’ tendremos que seguir analizándolo por mucho tiempo, en la contingencia de su día a día, dentro del proceso y tiempo después de éste.


Entonces, siendo así, quiero llamar la atención aquí, al primer punto que traje, a la colonización o pretensión totalizadora de los debates públicos por medio de una lógica discursiva sistémica que, al decir de Luhmann, simplifica las controversias y busca, mediante esa simplificación, teñirla de una lógica unidimensional y miope. Esa forma de simplificar los asuntos públicos estructurales, como diría Bourdieu respecto a la fuerza del Derecho (cuando es el discurso jurídico el que coloniza y juridifica el debate público[2]), tiene el efecto de invisibilizar otros asuntos más amplios, políticos, de poder, de los temas estructurales y las dinámicas que impiden la discusión o debate de estos temas fundamentales. Este es el caso de la situación de la UPR. Los sectores con poder institucional y en ocasiones otros (o quizá siguiendo a Luhmann, la dinámica misma de las comunicaciones sistémicas), simplifican los debates sobre la Universidad o sobre el conflicto universitario, al igual que lo hace el sistema legal, mediante la delimitación de la controversia o su lógica totalizante dirigida a ciertas preguntas ejes, no pocas de ellas desde el código jurídico.


Algunos ejemplos:

-¿Es legal o no la huelga? -¿Son legales las actuaciones de los estudiantes?

Mediante una comunicación sistémica propia del sistema legal, el asunto se pretendía atender mediante una racionalidad jurídica particular, es decir, el debate no era (se evita que sea) si los reclamos estudiantiles o la crisis universitaria debía atenderse sustantivamente de manera cónsona con la concepción de la Universidad Pública de excelencia y accesible que queremos. El debate se simplifica y se juridifica si la contestación es binaria: legal sí o no, y se pretende así que el debate se vierta de manera profiláctica hacia una respuesta ‘libre’ de los elementos políticos, es decir, se viste de una neutralidad falsa propia del sistema legal, impidiendo el debate sobre los méritos de los reclamos y las razones para la protesta.

-¿Son los estudiantes manifestantes la mayoría?- El discurso político de la democracia liberal tradicional se impuso (pretende imponerse?), reduciendo o simplificando el debate hacia una cuestión meramente numérica, procesalista y sin la deliberación sobre los asuntos políticos sustantivos y valorativos que se ponen sobre la mesa: acceso desigual a la educación superior, la Universidad que queremos, la universidad democrática, inclusiva, la Universidad que está en juego con las políticas que se plantean.

-¿Son los estudiantes de los Comités de Acción o de los Comités de Negociación, reconocidos por el reglamento, avalados por la institucionalidad? Nuevamente se pretendió colocar el debate en una lógica discursiva formalista y procesalista, excluyendo concepciones democráticas alternativas que han tenido materialidad en el escenario universitario. Los planteos sustantivos entonces de echan a un lado para cuestionar, no sus razones, argumentaciones y méritos, sino quienes los exponen.

-¿Huelga sí o no?- La propuesta de referéndums en esta dirección es una nueva forma de colonizar el espacio público, evitar la discusión sustantiva e invisibilizar el impacto y consecuencia de las políticas en juego, políticas que no se estarían discutiendo si no fuera por este mecanismo de presión que se activó luego de la imposibilidad de la discusión misma. La pregunta totalizante y reduccionista anula y cancela el debate que se pretende traer con urgencia por su importancia, anula los argumentos y sus méritos, elimina la discusión y visibilización del poder que pretende actuar con una única propuesta universitaria a expensas del país, de espalda a los estudiantes, profesores y la comunidad universitaria, que ha estado intentando por muchos medios, y sí, mediante campañas ingeniosas (hace ya bastante tiempo)-, traer el debate público a lo largo y ancho del país (no con poco esfuerzo, debo decir) el riesgo inminente que corre el proyecto Universitario Público, de Excelencia y Accesible a todos y todas.

Estos son solo algunos de los ejemplos más conocidos.

Al igual que he llamado la atención en otras controversias respecto a la pretensión totalizadora y excluyente del Derecho (como sistema social) y de las lógicas jurídicas que impiden e invisibilizan discusiones en la esfera pública, en esta ocasión me parece que las preguntas anteriores no son sino formas desde el poder, de invisibilizar, aplacar y poner trabas a la discusión y deliberación (la exigencia de que se lleven a cabo) de aspectos medulares como las políticas de accesos inclusivos y justos a la educación universitaria. Las preguntas anteriores, entonces, son (o pretenden ser) formas hegemónicas de evitar por todos los medios el reclamo de que se discutan los aspectos sustantivos sobre la Universidad que queremos. Esa pretensión totalizadora no debe imperar, más bien, quienes reconocemos que el debate público debe girar en torno a los aspectos más amplios y sustantivos que están en controversia sobre el proyecto universitario al cual aspiramos, debemos insistir en que el país y los componentes universitarios atiendan las controversias sustantivas que están en juego.

Entonces, no es que las preguntas anteriores, que son ejemplo de la simplificación de la controversia, no tengan cabida en la discusión, por supuesto que sí. El asunto es que -como en tantos otros casos- este tipo de forma de pautar las controversias, se entroniza, asume el poder de la discusión, excluye, invisibiliza, arrasa violentamente con los asuntos que queremos y debemos traer a la atención y discusión pública de manera urgente: la Universidad que queremos y la implantación de políticas que, mediante un actuar rápido y arbitrario del gobierno universitario y el gobierno político, desmantelan el proyecto universitario público.

Toca recordar aquí, que el escenario es uno en que el poder institucional opera de manera rápida y avasalladora, para alejar a pasos agigantados y con políticas nefastas, la posibilidad de que esa Universidad que queremos, no solo se diseñe sino que sea posible. El reto es, por supuesto, cómo y en qué circunstancias, dada la urgencia e inminencia del embate y no empece los intentos de simplificación y colonización del debate público mediante los enfoques anteriores, esa discusión va a ser prioritaria y no sea una y otra vez colonizada por otras lógicas en la esfera pública (dentro y fuera de la Universidad). Dónde, cómo, cuándo, por quienes, por supuesto, son consideraciones importantes.

Creo, sin embargo, que hay algo que decir desde ya: esta huelga ha posibilitado traer a la escena del mundo de vida público (Habermas aquí) esa posibilidad de discusión amplia y que resiste por su multiforma, esas lógicas binarias. Y no hay duda de que, paradójicamente, eso se ha hecho más posible en este conflicto mediante un ‘cierre’ de la Universidad que conocemos, un cierre que ha significado en muchos sentidos una apertura de la Universidad a la que aspiramos. Mi impresión es que la huelga ha abierto más esos portones para un escenario de debate sobre estos temas, que en aquella ‘normalidad’ en la que se aduce que los portones ‘están abiertos’. Por eso diría que quien está convencido de la necesidad de estos debates en su versión amplia, no tendría que esperar por la apertura de los portones físicos para el diseño de su discusión (campañas, ideas e iniciativas las hay, todos los días nacen nuevas!), sino comparecer desde ya a la Universidad abierta que ha hecho posible (aunque podría decirse de manera incipiente) posicionarse en la escena universitaria actual. En cualquier caso, habría que abrir los portones físicos bajo este entendido y no bajo un entendido de que el espacio-tiempo precedido fue de cierre, sino de una forma de potenciar y abrir posibilidades.

Así que, en resumen, al igual que cuando critico la colonización de las controversias políticas y de poder por parte del discurso jurídico, mediante esa miopía conveniente, en esta ocasión señalo los intentos de colonización y simplificación de los debates que más nos urgen, por parte de unas lógicas discursivas supuestamente estratégicas o convenientes para la administración y el poder institucionalizado: huelga o no, huelga legal o no, mayorías silentes v. minorías estruendosas…. Sabemos que hay mucho más, apostemos y trabajemos por mantener en la esfera pública los temas que el poder totalizador discursivo quiere invisibilizar: la Universidad que es y aquella posible.

[1] Véase: LA PRETENSIÓN TOTALIZADORA DEL DERECHO: JURIDIFICACIÓN DE CONTROVERSIAS EN PUERTO RICO, I Jornadas para Jóvenes Investigadores en Derecho y Ciencias Sociales ,"Sociedad, Derecho y Estado en cuestión", Universidad de Buenos Aires, Instituto GIOJA; El Discurso legal en la construcción del espacio público: Las playas son públicas, nuestras, del pueblo, Revista de Ciencias Sociales, , número 20, número especial sobre Ambiente y Sociedad (Centro de Investigaciones Sociales de la UPR 2009); El Derecho y lo “legal/ilegal” en los escenarios de conflicto ambiental (Editorial Tal Cual, dic. 2007)(Ética Ecológica, Ed . Luis Galanes); La Presencia del Derecho en el Movimiento de Rescates de Terreno en Puerto Rico: rescatando entre leyes, tribunales y el discurso legal, 68 Rev. Col. Abog. 351 (2007).


[2] El Derecho, como campo jurídico o como sistema social, pretende -mediante su pronunciamiento sobre lo que es legal o ilegal- constituirse en una vía de poder que aspira a resolver, aplacar o simplificar el conflicto, acudiendo a un código particular: el código de legalidad/ilegalidad. La fuerza de este código y su simplificación puede terminar opacando los conflictos o asuntos subyacentes. Se trata de una forma particular en que el campo jurídico trata la realidad social, de acuerdo a sus términos y racionalidades, y de cómo ese tratamiento de la realidad social puede terminar en la construcción particular de determinada realidad y verdad (BOURDIEU, 1987).

10.6.10

La simplificación de las controversias: UPR 2010

En los últimos años parte de mi trabajo académico ha girado en torno a la operación y funcionamiento de la discursividad jurídica en los espacios de conflicto social. Así, he analizado cómo en escenarios de conflicto (sobre el medioambiente o sobre la propiedad), el discurso de ‘la legalidad’ (la lógica o razonamiento sobre si algo es legal o ilegal), tiende a colonizar la discusión pública de manera conveniente a las instancias de mayor poder, dando al traste con la posibilidad de una discusión amplia y un debate robusto sobre otras consideraciones políticas y contra los intentos de visibilizar y cuestionar las configuraciones de poder en las controversias estudiadas.[1]

Por ejemplo, lo analizado apunta a cómo el código operacional del sistema legal, esto es lo legal-ilegal (Luhmann, Law as a Social System, 2004), pretende juridificar y simplificar las controversias sociales y por ende, privarlas de contenido político. La conclusión, en muchos casos, ha sido que: “si la controversia pública se convierte en atender la pregunta ¿es esto legal?, no sólo la conversación se reduce de manera significativa, sino que, además, la afirmación de un evento o acción como legal, o por el contrario ilegal, adquiere la premisa (falaz) de neutralidad y universalidad a la que aludía Bourdieu. Se asume la supuesta neutralidad de la respuesta y, con ella, se acude a la fuerza y legitimidad de un discurso que simplifica o elimina la complejidad del evento y los juegos de poder que lo conforman”. (Así, la apuesta que planteo para los abogados y abogadas y académicos del Derecho es estar hiper-conscientes de nuestra participación como operadores de esa discursividad de manera que no refrendemos, en lo posible, la colonización del debate público por parte del código operacional del Derecho).

Pero el discurso jurídico no es el único que se utiliza o tiende a posicionarse como forma hegemónica de invisibilizar asuntos de poder o temas estructurales. Mediante otras racionalidades sistémicas, también políticas (ejemplo la teoría hegemónica de la democracia representativa) también se corre el riesgo de que el debate público se erosione y desemboque más en asuntos procesalistas o simplistas dejando de lado nuevamente consideraciones valorativas importantes (e.g. ¿Qué tipo de Universidad queremos?) o asuntos de poder que a todos nos conciernen. Esto pone en riesgo y evita-no en pocas ocasiones- debates y discusiones de fondo que ciertos grupos en un momento particular buscan traer al ‘mundo vivo’ habermasiano, es decir, a la esfera pública.

En el caso de la situación de la Universidad, desde antes de la huelga (valga decir), algunos sectores universitarios hemos llamado la atención sobre la importancia de estos aspectos sustantivos y estructurales que atañen al proyecto universitario como un proyecto público, de excelencia y accesible a todos y todas. No pocas veces, no en pocas instancias, no ante pocas controversias, no en pocos foros, antes de la huelga. Esos temas de tanta importancia, no empece el esfuerzo de muchos, han sido apiñados en muchos de los casos, poco atendidos incluso en la propia esfera universitaria, es decir, fácilmente invisibilizados.

Lo cierto es que la gesta de más de 50 días de los y las estudiantes del sistema universitario ha visibilizado estos temas, los ha traído al debate público, los ha presentado al país. Cierto que habría que decir que el debate público ha recogido esto en un nivel todavía muy insuficiente en cuanto a los términos estructurales que se requiere, pero ciertamente, como mínimo, es claro que este proceso huelgario ha permitido, al menos, rasgar de las paredes de la indiferencia, poner en escena el tema universitario y el riesgo en que se encuentra la posibilidad de la Universidad pública, de excelencia y accesible. Para comenzar, como mínimo, nos ha hecho ver las caras, incluso, a sectores universitarios que dentro de la ‘normalidad’ universitaria de la UPR (no de otra Universidad posible), difícilmente coincidimos. Ese ‘saldo’ tendremos que seguir analizándolo por mucho tiempo, en la contingencia de su día a día, dentro del proceso y tiempo después de éste.

Entonces, siendo así, quiero llamar la atención aquí, al primer punto que traje, a la colonización o pretensión totalizadora de los debates públicos por medio de una lógica discursiva sistémica que, al decir de Luhmann, simplifica las controversias y busca, mediante esa simplificación, teñirla de una lógica unidimensional y miope. Esa forma de simplificar los asuntos públicos estructurales, como diría Bourdieu respecto a la fuerza del Derecho (cuando es el discurso jurídico el que coloniza y juridifica el debate público[2]), tiene el efecto de invisibilizar otros asuntos más amplios, políticos, de poder, de los temas estructurales y las dinámicas que impiden la discusión o debate de estos temas fundamentales.

Este es el caso de la situación de la UPR. Los sectores con poder institucional y en ocasiones otros (o quizá siguiendo a Luhmann, la dinámica misma de las comunicaciones sistémicas), simplifican los debates sobre la Universidad o sobre el conflicto universitario, al igual que lo hace el sistema legal, mediante la delimitación de la controversia o su lógica totalizante dirigida a ciertas preguntas ejes, no pocas de ellas desde el código jurídico.

Algunos ejemplos:

-¿Es legal o no la huelga? -¿Son legales las actuaciones de los estudiantes?

Mediante una comunicación sistémica propia del sistema legal, el asunto se pretendía atender mediante una racionalidad jurídica particular, es decir, el debate no era (se evita que sea) si los reclamos estudiantiles o la crisis universitaria debía atenderse sustantivamente de manera cónsona con la concepción de la Universidad Pública de excelencia y accesible que queremos. El debate se simplifica y se juridifica si la contestación es binaria: legal sí o no, y se pretende así que el debate se vierta de manera profiláctica hacia una respuesta ‘libre’ de los elementos políticos, es decir, se viste de una neutralidad falsa propia del sistema legal, impidiendo el debate sobre los méritos de los reclamos y las razones para la protesta.

-¿Son los estudiantes manifestantes la mayoría?- El discurso político de la democracia liberal tradicional se impuso (pretende imponerse?), reduciendo o simplificando el debate hacia una cuestión meramente numérica, procesalista y sin la deliberación sobre los asuntos políticos sustantivos y valorativos que se ponen sobre la mesa: acceso desigual a la educación superior, la Universidad que queremos, la universidad democrática, inclusiva, la Universidad que está en juego con las políticas que se plantean.

-¿Son los estudiantes de los Comités de Acción o de los Comités de Negociación, reconocidos por el reglamento, avalados por la institucionalidad? Nuevamente se pretendió colocar el debate en una lógica discursiva formalista y procesalista, excluyendo concepciones democráticas alternativas que han tenido materialidad en el escenario universitario. Los planteos sustantivos entonces de echan a un lado para cuestionar, no sus razones, argumentaciones y méritos, sino quienes los exponen.

-¿Huelga sí o no?- La propuesta de referéndums en esta dirección es una nueva forma de colonizar el espacio público, evitar la discusión sustantiva e invisibilizar el impacto y consecuencia de las políticas en juego, políticas que no se estarían discutiendo si no fuera por este mecanismo de presión que se activó luego de la imposibilidad de la discusión misma. La pregunta totalizante y reduccionista anula y cancela el debate que se pretende traer con urgencia por su importancia, anula los argumentos y sus méritos, elimina la discusión y visibilización del poder que pretende actuar con una única propuesta universitaria a expensas del país, de espalda a los estudiantes, profesores y la comunidad universitaria, que ha estado intentando por muchos medios, y sí, mediante campañas ingeniosas (hace ya bastante tiempo)-, traer el debate público a lo largo y ancho del país (no con poco esfuerzo, debo decir) el riesgo inminente que corre el proyecto Universitario Público, de Excelencia y Accesible a todos y todas.

Estos son solo algunos de los más conocidos ejemplos.

Al igual que he llamado la atención en otras controversias respecto a la pretensión totalizadora y excluyente del Derecho (como sistema social) y de las lógicas jurídicas que impiden e invisibilizan discusiones en la esfera pública, en esta ocasión me parece que las preguntas anteriores no son sino formas desde el poder, de invisibilizar, aplacar y poner trabas a la discusión y deliberación (la exigencia de que se lleven a cabo) de aspectos medulares como las políticas de accesos inclusivos y justos a la educación universitaria. Las preguntas anteriores, entonces, son (o pretenden ser) formas hegemónicas de evitar por todos los medios el reclamo de que se discutan los aspectos sustantivos sobre la Universidad que queremos. Esa pretensión totalizadora no debe imperar, más bien, quienes reconocemos que el debate público debe girar en torno a los aspectos más amplios y sustantivos que están en controversia sobre el proyecto universitario al cual aspiramos, debemos insistir en que el país y los componentes universitarios atiendan las controversias sustantivas que están en juego.

Entonces, no es que las preguntas anteriores, que son ejemplo de la simplificación de la controversia, no tengan cabida en la discusión, por supuesto que sí. El asunto es que -como en tantos otros casos- este tipo de forma de pautar las controversias, se entroniza, asume el poder de la discusión, excluye, invisibiliza, arrasa violentamente con los asuntos que queremos y debemos traer a la atención y discusión pública de manera urgente: la Universidad que queremos y la implantación de políticas que, mediante un actuar rápido y arbitrario del gobierno universitario y el gobierno político, desmantelan el proyecto universitario público.

Toca recordar aquí, que el escenario es uno en que el poder institucional opera de manera rápida y avasalladora, para alejar a pasos agigantados y con políticas nefastas, la posibilidad de que esa Universidad que queremos, no solo se diseñe sino que sea posible. El reto es, por supuesto, cómo y en qué circunstancias, dada la urgencia e inminencia del embate y no empece los intentos de simplificación y colonización del debate público mediante los enfoques anteriores, esa discusión va a ser prioritaria y no sea una y otra vez colonizada por otras lógicas en la esfera pública (dentro y fuera de la Universidad). Dónde, cómo, cuándo, por quienes, por supuesto, son consideraciones importantes.

Creo, sin embargo, que hay algo que decir desde ya: esta huelga ha posibilitado traer a la escena del mundo de vida público (Habermas aquí) esa posibilidad de discusión amplia y que resiste por su multiforma, esas lógicas binarias. Y no hay duda de que, paradójicamente, eso se ha hecho más posible en este conflicto mediante un ‘cierre’ de la Universidad que conocemos, un cierre que ha significado en muchos sentidos una apertura de la Universidad a la que aspiramos. Mi impresión es que la huelga ha abierto más esos portones para un escenario de debate sobre estos temas, que en aquella ‘normalidad’ en la que se aduce que los portones ‘están abiertos’. Por eso diría que quien está convencido de la necesidad de estos debates en su versión amplia, no tendría que esperar por la apertura de los portones físicos para el diseño de su discusión (campañas, ideas e iniciativas las hay, todos los días nacen nuevas!), sino comparecer desde ya a la Universidad abierta que ha hecho posible (aunque podría decirse de manera incipiente) posicionarse en la escena universitaria actual. En cualquier caso, habría que abrir los portones físicos bajo este entendido y no bajo un entendido de que el espacio-tiempo precedido fue de cierre, sino de una forma de potenciar y abrir posibilidades.

Así que, en resumen, al igual que cuando critico la colonización de las controversias políticas y de poder por parte del discurso jurídico, mediante esa miopía conveniente, en esta ocasión señalo los intentos de colonización y simplificación de los debates que más nos urgen, por parte de unas lógicas discursivas supuestamente estratégicas o convenientes para la administración y el poder institucionalizado: huelga o no, huelga legal o no, mayorías silentes v. minorías estruendosas…. Sabemos que hay mucho más, apostemos y trabajemos por mantener en la esfera pública los temas que el poder totalizador discursivo quiere invisibilizar: la Universidad que es y aquella posible.



[1] Véase: LA PRETENSIÓN TOTALIZADORA DEL DERECHO: JURIDIFICACIÓN DE CONTROVERSIAS EN PUERTO RICO, I Jornadas para Jóvenes Investigadores en Derecho y Ciencias Sociales ,"Sociedad, Derecho y Estado en cuestión", Universidad de Buenos Aires, Instituto GIOJA; El Discurso legal en la construcción del espacio público: Las playas son públicas, nuestras, del pueblo, Revista de Ciencias Sociales, , número 20, número especial sobre Ambiente y Sociedad (Centro de Investigaciones Sociales de la UPR 2009); El Derecho y lo “legal/ilegal” en los escenarios de conflicto ambiental (Editorial Tal Cual, dic. 2007)(Ética Ecológica, Ed . Luis Galanes); La Presencia del Derecho en el Movimiento de Rescates de Terreno en Puerto Rico: rescatando entre leyes, tribunales y el discurso legal, 68 Rev. Col. Abog. 351 (2007).

[2] El Derecho, como campo jurídico o como sistema social, pretende -mediante su pronunciamiento sobre lo que es legal o ilegal- constituirse en una vía de poder que aspira a resolver, aplacar o simplificar el conflicto, acudiendo a un código particular: el código de legalidad/ilegalidad. La fuerza de este código y su simplificación puede terminar opacando los conflictos o asuntos subyacentes. Se trata de una forma particular en que el campo jurídico trata la realidad social, de acuerdo a sus términos y racionalidades, y de cómo ese tratamiento de la realidad social puede terminar en la construcción particular de determinada realidad y verdad (BOURDIEU, 1987).

La simplificación de las controversias: UPR 2010

En los últimos años, parte de mi trabajo académico ha girado en torno a la operación y funcionamiento de la discursividad jurídica en los espacios de conflicto social. Así, he analizado cómo en escenarios de conflicto (sobre el medioambiente o sobre la propiedad), el discurso de ‘la legalidad’ (la lógica o razonamiento sobre si algo es legal o ilegal), tiende a colonizar la discusión pública de manera conveniente a las instancias de mayor poder, dando al traste con la posibilidad de una discusión amplia y un debate robusto sobre otras consideraciones políticas y contra los intentos de visibilizar y cuestionar las configuraciones de poder en las controversias estudiadas.[1]

Por ejemplo, lo analizado apunta a cómo el código operacional del sistema legal, esto es lo legal-ilegal (Luhmann, Law as a Social System, 2004), pretende juridificar y simplificar las controversias sociales y por ende, privarlas de contenido político. La conclusión, en muchos casos, ha sido que: “si la controversia pública se convierte en atender la pregunta ¿es esto legal?, no sólo la conversación se reduce de manera significativa, sino que, además, la afirmación de un evento o acción como legal, o por el contrario ilegal, adquiere la premisa (falaz) de neutralidad y universalidad a la que aludía Bourdieu. Se asume la supuesta neutralidad de la respuesta y, con ella, se acude a la fuerza y legitimidad de un discurso que simplifica o elimina la complejidad del evento y los juegos de poder que lo conforman”. (Así, la apuesta que planteo para los abogados y abogadas y académicos del Derecho es estar hiper-conscientes de nuestra participación como operadores de esa discursividad de manera que no refrendemos, en lo posible, la colonización del debate público por parte del código operacional del Derecho).

Pero el discurso jurídico no es el único que se utiliza o tiende a posicionarse como forma hegemónica de invisibilizar asuntos de poder o temas estructurales. Mediante otras racionalidades sistémicas, también políticas (ejemplo la teoría hegemónica de la democracia representativa) también se corre el riesgo de que el debate público se erosione y desemboque más en asuntos procesalistas o simplistas dejando de lado nuevamente consideraciones valorativas importantes (e.g. ¿Qué tipo de Universidad queremos?) o asuntos de poder que a todos nos conciernen. Esto pone en riesgo y evita-no en pocas ocasiones- debates y discusiones de fondo que ciertos grupos en un momento particular buscan traer al ‘mundo vivo’ habermasiano, es decir, a la esfera pública.

En el caso de la situación de la Universidad, desde antes de la huelga (valga decir), algunos sectores universitarios hemos llamado la atención sobre la importancia de estos aspectos sustantivos y estructurales que atañen al proyecto universitario como un proyecto público, de excelencia y accesible a todos y todas. No pocas veces, no en pocas instancias, no ante pocas controversias, no en pocos foros, antes de la huelga. Esos temas de tanta importancia, no empece el esfuerzo de muchos, han sido apiñados en muchos de los casos, poco atendidos incluso en la propia esfera universitaria, es decir, fácilmente invisibilizados.

Lo cierto es que la gesta de más de 50 días de los y las estudiantes del sistema universitario ha visibilizado estos temas, los ha traído al debate público, los ha presentado al país. Cierto que habría que decir que el debate público ha recogido esto en un nivel todavía muy insuficiente en cuanto a los términos estructurales que se requiere, pero ciertamente, como mínimo, es claro que este proceso huelgario ha permitido, al menos, rasgar de las paredes de la indiferencia, poner en escena el tema universitario y el riesgo en que se encuentra la posibilidad de la Universidad pública, de excelencia y accesible. Para comenzar, como mínimo, nos ha hecho ver las caras, incluso, a sectores universitarios que dentro de la ‘normalidad’ universitaria de la UPR (no de otra Universidad posible), difícilmente coincidimos. Ese ‘saldo’ tendremos que seguir analizándolo por mucho tiempo, en la contingencia de su día a día, dentro del proceso y tiempo después de éste.

Entonces, siendo así, quiero llamar la atención aquí, al primer punto que traje, a la colonización o pretensión totalizadora de los debates públicos por medio de una lógica discursiva sistémica que, al decir de Luhmann, simplifica las controversias y busca, mediante esa simplificación, teñirla de una lógica unidimensional y miope. Esa forma de simplificar los asuntos públicos estructurales, como diría Bourdieu respecto a la fuerza del Derecho (cuando es el discurso jurídico el que coloniza y juridifica el debate público[2]), tiene el efecto de invisibilizar otros asuntos más amplios, políticos, de poder, de los temas estructurales y las dinámicas que impiden la discusión o debate de estos temas fundamentales. Este es el caso de la situación de la UPR. Los sectores con poder institucional y en ocasiones otros (o quizá siguiendo a Luhmann, la dinámica misma de las comunicaciones sistémicas), simplifican los debates sobre la Universidad o sobre el conflicto universitario, al igual que lo hace el sistema legal, mediante la delimitación de la controversia o su lógica totalizante dirigida a ciertas preguntas ejes, no pocas de ellas desde el código jurídico.

Algunos ejemplos:

-¿Es legal o no la huelga? -¿Son legales las actuaciones de los estudiantes?
Mediante una comunicación sistémica propia del sistema legal, el asunto se pretendía atender mediante una racionalidad jurídica particular, es decir, el debate no era (se evita que sea) si los reclamos estudiantiles o la crisis universitaria debía atenderse sustantivamente de manera cónsona con la concepción de la Universidad Pública de excelencia y accesible que queremos. El debate se simplifica y se juridifica si la contestación es binaria: legal sí o no, y se pretende así que el debate se vierta de manera profiláctica hacia una respuesta ‘libre’ de los elementos políticos, es decir, se viste de una neutralidad falsa propia del sistema legal, impidiendo el debate sobre los méritos de los reclamos y las razones para la protesta.

-¿Son los estudiantes manifestantes la mayoría?- El discurso político de la democracia liberal tradicional se impuso (pretende imponerse?), reduciendo o simplificando el debate hacia una cuestión meramente numérica, procesalista y sin la deliberación sobre los asuntos políticos sustantivos y valorativos que se ponen sobre la mesa: acceso desigual a la educación superior, la Universidad que queremos, la universidad democrática, inclusiva, la Universidad que está en juego con las políticas que se plantean.

-¿Son los estudiantes de los Comités de Acción o de los Comités de Negociación, reconocidos por el reglamento, avalados por la institucionalidad? Nuevamente se pretendió colocar el debate en una lógica discursiva formalista y procesalista, excluyendo concepciones democráticas alternativas que han tenido materialidad en el escenario universitario. Los planteos sustantivos entonces de echan a un lado para cuestionar, no sus razones, argumentaciones y méritos, sino quienes los exponen.

-¿Huelga sí o no?- La propuesta de referéndums en esta dirección es una nueva forma de colonizar el espacio público, evitar la discusión sustantiva e invisibilizar el impacto y consecuencia de las políticas en juego, políticas que no se estarían discutiendo si no fuera por este mecanismo de presión que se activó luego de la imposibilidad de la discusión misma. La pregunta totalizante y reduccionista anula y cancela el debate que se pretende traer con urgencia por su importancia, anula los argumentos y sus méritos, elimina la discusión y visibilización del poder que pretende actuar con una única propuesta universitaria a expensas del país, de espalda a los estudiantes, profesores y la comunidad universitaria, que ha estado intentando por muchos medios, y sí, mediante campañas ingeniosas (hace ya bastante tiempo)-, traer el debate público a lo largo y ancho del país (no con poco esfuerzo, debo decir) el riesgo inminente que corre el proyecto Universitario Público, de Excelencia y Accesible a todos y todas.

Estos son solo algunos de los ejemplos más conocidos.

Al igual que he llamado la atención en otras controversias respecto a la pretensión totalizadora y excluyente del Derecho (como sistema social) y de las lógicas jurídicas que impiden e invisibilizan discusiones en la esfera pública, en esta ocasión me parece que las preguntas anteriores no son sino formas desde el poder, de invisibilizar, aplacar y poner trabas a la discusión y deliberación (la exigencia de que se lleven a cabo) de aspectos medulares como las políticas de accesos inclusivos y justos a la educación universitaria. Las preguntas anteriores, entonces, son (o pretenden ser) formas hegemónicas de evitar por todos los medios el reclamo de que se discutan los aspectos sustantivos sobre la Universidad que queremos. Esa pretensión totalizadora no debe imperar, más bien, quienes reconocemos que el debate público debe girar en torno a los aspectos más amplios y sustantivos que están en controversia sobre el proyecto universitario al cual aspiramos, debemos insistir en que el país y los componentes universitarios atiendan las controversias sustantivas que están en juego.

Entonces, no es que las preguntas anteriores, que son ejemplo de la simplificación de la controversia, no tengan cabida en la discusión, por supuesto que sí. El asunto es que -como en tantos otros casos- este tipo de forma de pautar las controversias, se entroniza, asume el poder de la discusión, excluye, invisibiliza, arrasa violentamente con los asuntos que queremos y debemos traer a la atención y discusión pública de manera urgente: la Universidad que queremos y la implantación de políticas que, mediante un actuar rápido y arbitrario del gobierno universitario y el gobierno político, desmantelan el proyecto universitario público.

Toca recordar aquí, que el escenario es uno en que el poder institucional opera de manera rápida y avasalladora, para alejar a pasos agigantados y con políticas nefastas, la posibilidad de que esa Universidad que queremos, no solo se diseñe sino que sea posible. El reto es, por supuesto, cómo y en qué circunstancias, dada la urgencia e inminencia del embate y no empece los intentos de simplificación y colonización del debate público mediante los enfoques anteriores, esa discusión va a ser prioritaria y no sea una y otra vez colonizada por otras lógicas en la esfera pública (dentro y fuera de la Universidad). Dónde, cómo, cuándo, por quienes, por supuesto, son consideraciones importantes.

Creo, sin embargo, que hay algo que decir desde ya: esta huelga ha posibilitado traer a la escena del mundo de vida público (Habermas aquí) esa posibilidad de discusión amplia y que resiste por su multiforma, esas lógicas binarias. Y no hay duda de que, paradójicamente, eso se ha hecho más posible en este conflicto mediante un ‘cierre’ de la Universidad que conocemos, un cierre que ha significado en muchos sentidos una apertura de la Universidad a la que aspiramos. Mi impresión es que la huelga ha abierto más esos portones para un escenario de debate sobre estos temas, que en aquella ‘normalidad’ en la que se aduce que los portones ‘están abiertos’. Por eso diría que quien está convencido de la necesidad de estos debates en su versión amplia, no tendría que esperar por la apertura de los portones físicos para el diseño de su discusión (campañas, ideas e iniciativas las hay, todos los días nacen nuevas!), sino comparecer desde ya a la Universidad abierta que ha hecho posible (aunque podría decirse de manera incipiente) posicionarse en la escena universitaria actual. En cualquier caso, habría que abrir los portones físicos bajo este entendido y no bajo un entendido de que el espacio-tiempo precedido fue de cierre, sino de una forma de potenciar y abrir posibilidades.

Así que, en resumen, al igual que cuando critico la colonización de las controversias políticas y de poder por parte del discurso jurídico, mediante esa miopía conveniente, en esta ocasión señalo los intentos de colonización y simplificación de los debates que más nos urgen, por parte de unas lógicas discursivas supuestamente estratégicas o convenientes para la administración y el poder institucionalizado: huelga sí o no, huelga legal o no, mayorías silentes v. minorías estruendosas…. Sabemos que hay mucho más, apostemos y trabajemos por mantener en la esfera pública los temas que el poder totalizador discursivo quiere invisibilizar: la Universidad que es y aquella posible.

[1] Véase: LA PRETENSIÓN TOTALIZADORA DEL DERECHO: JURIDIFICACIÓN DE CONTROVERSIAS EN PUERTO RICO, I Jornadas para Jóvenes Investigadores en Derecho y Ciencias Sociales ,"Sociedad, Derecho y Estado en cuestión", Universidad de Buenos Aires, Instituto GIOJA; El Discurso legal en la construcción del espacio público: Las playas son públicas, nuestras, del pueblo, Revista de Ciencias Sociales, , número 20, número especial sobre Ambiente y Sociedad (Centro de Investigaciones Sociales de la UPR 2009); El Derecho y lo “legal/ilegal” en los escenarios de conflicto ambiental (Editorial Tal Cual, dic. 2007)(Ética Ecológica, Ed . Luis Galanes); La Presencia del Derecho en el Movimiento de Rescates de Terreno en Puerto Rico: rescatando entre leyes, tribunales y el discurso legal, 68 Rev. Col. Abog. 351 (2007).

[2] El Derecho, como campo jurídico o como sistema social, pretende -mediante su pronunciamiento sobre lo que es legal o ilegal- constituirse en una vía de poder que aspira a resolver, aplacar o simplificar el conflicto, acudiendo a un código particular: el código de legalidad/ilegalidad. La fuerza de este código y su simplificación puede terminar opacando los conflictos o asuntos subyacentes. Se trata de una forma particular en que el campo jurídico trata la realidad social, de acuerdo a sus términos y racionalidades, y de cómo ese tratamiento de la realidad social puede terminar en la construcción particular de determinada realidad y verdad (BOURDIEU, 1987).

8.6.10

P de la C 2726

2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

16ta. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2726

4 DE JUNIO DE 2010

Presentado por el representante Rodríguez Miranda

Referido a las Comisiones de Educación y de Organizaciones Sin Fines de Lucro y Cooperativas; y de Asuntos de la Juventud

LEY

Para enmendar los artículos 6, 7, 8, 9 10 y 11 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como "Ley de la Universidad de Puerto Rico", a los fines de establecer que toda toma de decisiones que se requiera mediante asamblea en los diversos organismos que componen el sistema universitario se lleve a cabo por el voto directo y secreto de los miembros, por correo regular o vía electrónica, y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Universidad de Puerto Rico, como organismo de la educación superior, por su obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico y por su deber de fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de cátedra y de investigación científica: 1) transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados; y 2) contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura.

En consideración a lo anterior, el sistema universitario de la UPR está compuesto por una serie de organismos dirigidos a democratizar la toma de decisiones de la institución. Estos cuerpos lo son: la junta universitaria, las juntas administrativas, el claustro, los estudiantes y los senados académicos.

A grandes rasgos, la junta universitaria tiene como función esencial mantener integrado el sistema universitario, asesorar al Presidente en la coordinación de la marcha de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos académicos, administrativos y financieros.

Por su parte, las juntas administrativas tienen la función de: 1) asesorar al rector en el ejercicio de sus funciones; 2) elaborar los proyectos y planes de desarrollo de la unidad institucional; 3) considerar el proyecto de presupuesto de la unidad institucional respectiva sometido por el rector; y 4) conceder a propuesta del rector, las licencias, los rangos académicos, la permanencia y los ascensos del personal docente y técnico de la unidad institucional, de conformidad con el Reglamento General de la Universidad.

En cuanto al claustro, el Reglamento General de la Universidad determina lo relativo al ejercicio de sus funciones, atribuciones y prerrogativas, así como sus deberes y derechos, y contiene aquellas disposiciones, en cuanto al ejercicio de tales derechos y el cumplimiento de sus deberes, que aseguren el orden, la seguridad y la normalidad de las tareas institucionales. Igualmente, el personal docente de cada recinto constituye un organismo para laborar por el mejoramiento académico y el progreso cultural de la Universidad.

más aquí.

6.6.10

Mañana: a llamar sin tregua a favor de la UPR

La Legislatura de PR debe actuar a favor de la UPR

LLAMA y ESCRÍBELE A TUS LEGISLADORES

La crisis y el cierre de la UPR se debe a la falta de un presupuesto saludable que le permita operar eficientemente como una Universidad pública de excelencia y accesible a todos y todas. Esta carencia presupuestaria puede resolverse si la Legislatura de Puerto Rico le restituye a la UPR los fondos que se computan para su presupuesto. Es hora que nuestros legisladores reaccionen positivamente a esta crisis en favor de sus constituyentes, para quienes la Universidad de Puerto Rico es prioridad. Puerto Rico necesita de su Universidad, sobre todo en estos tiempos de crisis económica. Reclamemos a nuestros legisladores acción.

¡Actúa hoy en defensa de la UPR y para su apertura!

¡Llama HOY a la los Representantes y Senadores y pídeles que actúen!

Sólo te tomará menos de tres minutos de tu día. Y en tres minutos ayudarás a reabrir la Universidad y a defender la educación pública.

Los números a llamar son los siguientes:

-Rep. Jennifer González, Presidenta de la Cámara de Representantes : 787-722-0458; 787-722-0471, jengonzalez@camaraderepresentantes.org

-Rep. Antonio Silva, 787.223.8880; 787-778-3858, asilva@camaraderepresentantes.org,

y

-Sen. Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado 787-724-2030 EXT: 3003, 3004, trivera@senadopr.us

-Sen. Migdalia Padilla, Presidenta de la Comisión de Hacienda, 787-724-2030 EXT: 2000, 2396, mpadilla@senadopr.us

Recomendamos que cuando llames y escribas utilices el siguiente mensaje:

"Mi nombre es _____________, y soy residente del municipio de___________. Estoy llamando con urgencia para expresar mi deseo y reclamo de que se le restablezca a la UPR el fondo base para el cálculo de su presupuesto y se le otorguen los fondos necesarios que aseguren un proyecto universitario de excelencia y accesible para todos y todas en nuestro país. Hoy más que nunca Puerto Rico necesita de su Universidad. Requerimos su acción inmediata".

Únete al reclamo por una Universidad pública de excelencia.

Por favor,

LLAMA.

Por la UPR: La legislatura debe actuar a favor de la UPR

Petición Por la UPR

Firma y participa de los procesos democráticos. Defendamos la UPR.

poder, espacio y ambiente's Fan Box