28.9.12

No a la pena de muerte

Puerto Rico mantiene el dictamen de su razón pública; una vez más decimos NO a la PENA de MUERTE.


28 de septiembre de 2012

UN DICTAMEN DESDE LA RAZÓN

Mantener incólume la densidad ética de nuestra Constitución es una obligación de todos los puertorriqueños, más aún cuando se trata de un principio fundamental desde el cual se desarrolla el resto de los criterios morales que nos organizan dinámicamente como humanidad.
Por ello, la decisión unánime de un jurado federal de decirle “no” a la pena de muerte en Puerto Rico y condenar a cadena perpetua al convicto de asesinato y narcotráfico Edison Burgos Montes, constituye un paso trascendental de defensa de la dignidad de la vida y de nuestra reafirmación moral como pueblo. 

Es altamente significativo que, por cuarta ocasión, un jurado seleccionado por su apertura a la pena capital, vuelve a considerar, en el plano federal, que hay formas racionales para que un asesino convicto, como es el caso del comerciante yaucano, pueda pagar por los crímenes que ha cometido. De este modo, estos 12 puertorriqueños han salvaguardado la integridad de nuestra Constitución. También ha evitado el renacimiento del engendro de un Estado homicida del que Puerto Rico se ha distanciado por vía de hecho desde 1927 y por vía de derecho desde 1929. 

Esta decisión es verdaderamente histórica porque se da en el contexto de un país que sabe que debe resolver el gravísimo problema de la criminalidad que nos azota, pero que ha evitado -expresamente mediante sufragio- las rutas que limitan derechos y no van a la raíz auténtica de los problemas. La decisión del jurado confirma una ruta trazada ya, de modo indeleble, en nuestra Constitución. El tema, aunque adquiere otra dimensión, no ha terminado. La Fiscalía federal proyecta en Puerto Rico juicios de pena de muerte en dos casos el año próximo.

Es incomprensible que las autoridades federales se empeñen en solicitar una aplicación de la ley ofensiva al sentir moral de los puertorriqueños, y no menos desfasada en el plano universal de los derechos humanos que defienden las democracias modernas. Hacemos, pues, un llamado para que se aseguren de que en pleno desarrollo del siglo XXI no se permita que un pueblo imponga sobre otro un designio contrario al respeto innegociable a la vida de la persona, sea ella inocente o culpable. 

El asunto requiere la formulación de nuevas estrategias, tanto en el plano gubernamental como cívico y educativo, dirigidas a salir de una vez por todas de esta pesadilla que nos abruma cada cierto tiempo. Debe entonces el liderato político comprometerse públicamente a impulsar una revisión en propiedad de estas disposiciones, para que pueda superarse esta lastimosa incongruencia que lastima el ser puertorriqueño.

Una gran mayoría, en la serenidad de la reflexión, reprueba la pena de muerte, abolida estatutariamente en 1929. Por este motivo, se recoge llana y sucintamente en la Carta de Derechos. Así, cuando surgen los inevitables infortunios y se disparan contradictoriamente nuestras emociones, tenemos la garantía de una Carta confiable donde hemos dejado impreso, para ampararnos en ella, lo mejor de nuestra voluntad personal y colectiva. 

Ahora, incluso en medio del dolor que con frecuencia impide una racionalidad despejada, escuchamos las palabras aleccionadoras de la madre de la informante de la DEA asesinada, Madelyn Semidey Morales. Georgina Morales afirmó con gran sentido de proporción y coherencia un día antes del veredicto: “Justicia debe imponer el castigo, pero castigo de cárcel”. 

El pueblo puertorriqueño se ha pronunciado con entereza una y otra vez. Es hora de acatar definitivamente el dictamen de su sabiduría.

27.9.12

US Supreme Court: What's next?

-Affirmative action
-1965 Voting Rights Act
-Same-Sex Marriage:


"This term, which opens Monday, October 1, promises to be almost as controversial. Whether the results will be as happily surprising for liberals is a much tougher question. Where the Court’s biggest cases last term dealt with the relative powers of the federal and state governments, this term they focus on equality. The Court has already agreed to hear a challenge to the University of Texas’s affirmative action program. It is also very likely to hear a constitutional challenge to a central provision of the 1965 Voting Rights Act, as well as at least one and possibly two cases concerning same-sex marriage (issues I will discuss in subsequent blog posts).

At stake in all of these cases is the meaning of the Constitution’s guarantee of equal protection of the law, a right that the nation has struggled over since its inception and that still means radically different things to different people. Does equality allow a university to take racial diversity into account in its admissions process? Does a commitment to equal voting rights justify making certain states and counties seek the Justice Department’s approval of any change in their voting laws, as the Voting Rights Act has required since its enactment in 1965? And perhaps most controversially of all, does equality demand that Congress, or the states, treat same-sex marriages the same as marriages between a man and a woman?"

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